El PIB nominal de la República Dominicana es de US$ 19.445 mil millones y per cápita de USD$ 2.190 dólares, para el 2004. El 50% de su población es pobre (dentro del índice un 40% es de pobreza extrema), el resto se clasifica dentro de la clase media-baja y media predominantemente y menos de un 10% en la media alta-rica. El salario mínimo se acerca a los US$ 240 mensuales. La República Dominicana es un territorio dedicado a la cosecha de productos agrícolas, explotación de yacimientos geológicos mineros, a la ganadería y a la industria cervecera.
La
economía depende principalmente de la agricultura, las zonas francas y el
turismo. Este último sector se ha convertido en una fuente importante de
ingresos desde mediados de los 90. El turismo representa ingresos en divisas
de más de mil millones de dólares (2000), mientras que el envío de remesas de
parte de los dominicanos residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico
representan más de 2 mil millones de dólares. La economía dominicana es
particularmente dependiente a los flujos de capital desde Estados Unidos,
siendo éste el principal socio comercial. Con la implementación del Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos
(RD-CAFTA) se prevé que el volumen del intercambio comercial se incremente en
una cifra de aproximada a 32,000 mil millones de dólares.
La República Dominicana experimentó un gran crecimiento económico en los 90 hasta una recesión económica en 2003, a consecuencia de varios fraudes bancarios (más de 89 mil millones de pesos, equivalentes a US$ 4,9 mil millones), destacándose el caso del Banco Intercontinental (BANINTER), (RD$ 55 mil millones, equivalentes a US$ 3,1 mil millones), más una fuga de capitales. El déficit total llegó cerca de los US$ 7 mil millones (RD$ 125 mil millones); representando poco más de un tercio del producto interno bruto del 2002. Añadiéndose a esto surgió una especulación respecto a los índices reales de la tasa de cambio, que sobrepasó un 130% en el 2003 respecto la moneda nacional, debiéndose esta a una fuga de más de 1,5 mil millones de dólares (aumentando el déficit de medio circulante a cerca de 5,5 mil millones), y una inflación cerca del 42%; comprimiendo más aún el PIB del 2003, que finalmente decreció un 1%.
Se realizaron numerosos esfuerzos hasta lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para superar la recesión. Las negociaciones con el FMI y el BID fueron iniciadas por el gobierno de Hipólito Mejía, cuyas concesiones finales se terminaron en el siguiente período de gobierno, el cual encabeza el actual presidente Leonel Fernández.
A partir de mediados de 2004, los indicadores económicos muestran mayor estabilidad, destacándose la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense y la disminución de la inflación. El dólar estadounidense ha sufrido fluctuaciones entre los 28.75 a 34.50 RD$ por USD$ , y por primera vez desde el año 2004 se especula una inflación positiva.
La
moneda de curso legal es el Peso Oro dominicano, y aunque la Ley Monetaria
dispone que tiene el mismo valor cambiario que un dólar estadounidense, la
realidad económica del país ha hecho obsoleta dicha disposición. El cambio del
peso frente al dólar osciló en los últimos años entre 16.50 a 17.30, siendo
una moneda muy estable. Sin embargo, a finales del año 2002, la tasa de cambio
registró un alza que a enero de 2003 equivale a RD$22.00 por dólar.
El tipo de cambio del peso dominicano con relación a monedas extranjeras está sujeto a las leyes de oferta y demanda. El Banco Central está encargado de fijar de manera oficial la prima de acuerdo con las realidades del mercado. A consecuencias de las regulaciones de la Junta Monetaria operan dos mercados cambiarios paralelos: el mercado oficial donde deben abastecerse los bancos, los exportadores que no pertenecen a las zonas francas y la industria petrolera; y un mercado privado donde la tasa fluctúa según el mercado y todos los sectores económicos pueden cambiar libremente divisas. La moneda nacional es emitida en billetes de 2,000, 1,000, 500, 100, 50, 20 y 10 pesos, y monedas metálicas de 5 y un peso.
La economía dominicana descansa en cuatro pilares: zonas francas, turismo, minería y agricultura. Las primeras dos constituyen los sectores más dinámicos.
Las Zonas Francas de la República Dominicana cuentan con alrededor de 40 parques industriales, en las que operan cerca de 500 empresas con más de 180,000 empleados. República Dominicana ocupa el cuarto rango a nivel el mundo, en términos de cantidad de parques industriales. Las actividades de mayor desarrollo son la de confección textil, encontrándose el país en el primer lugar en volúmenes de exportación de este reglón a Estados Unidos. Otras actividades consisten en la fabricación de calzados, manufactura de joyerías, ensamblaje de componentes electrónicos, telecomunicaciones, procesamiento de tabacos, etc.
La Ley No. 8-90 regula lo relativo a las zonas francas y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZF) es el organismo encargado de velar por la correcta aplicación del estatuto. Igualmente, las zonas francas son administradas por los llamados operadores de zonas francas, los cuales se encargan de negociar y contratar con las empresas interesadas en iniciar operaciones. Estos operadores tienen la potestad de vender o alquilar edificios y facilidades a las compañías interesadas, fijando libremente incluso los costos de espacio y mantenimiento.
Entre los incentivos a las zonas francas, la ley dispone un 100 por ciento de exención, por un término de 15 años en lo siguiente:
· Del pago del impuesto sobre la renta.
· Del pago de impuesto sobre la construcción.
· Del pago de impuestos sobre la constitución de sociedades comerciales o sobre el aumento de capital de éstas.
· Del pago de impuestos municipales.
· De todos los impuestos de importación a las materias primas, equipo, materiales de construcción, partes de edificaciones, equipos de oficina, entre otros, destinados a construir, habilitar u operar en las zonas francas.
· De todos los impuestos de exportación y reexportación.
· De impuestos de patentes sobre activos o patrimonios, así como del impuesto de la transferencia de bienes industriales y servicios.
· De los derechos consulares.
· Del pago de impuestos de importación relativos a equipos y utensilios necesarios para la instalación y operación de comedores, servicios de salud, asistencia médica, guardería infantil, de entretenimiento o cualquier otro equipo que propenda al bienestar de los empleados.
· Del pago de impuestos de importación de los vehículos de carga, colectores de basura, de transporte de empleados hacia y desde los centros de trabajo.
· Las zonas francas localizadas en zonas fronterizas reciben incentivos adicionales, como por ejemplo 20 años de exenciones contributivas. Este tipo de zona franca deberá ubicarse a una distancia no menor de tres ni mayor de veinticinco kilómetros de la línea fronteriza que separa la República Dominicana de Haití.
Las empresas de zonas francas pueden vender la totalidad de su producción en el mercado nacional, previo pago de los impuestos de importación correspondiente, siempre y cuando los bienes no sean producidos a nivel nacional, y tengan componentes de materia primas locales equivalentes al 25 por ciento de su valor. Cuando los productos son fabricados en el país o importados legalmente la empresa de zona franca podrá vender únicamente el 20 por ciento de su producción en el mercado dominicano, previo pago del 100 por ciento de los impuestos correspondientes ante la Dirección General de Aduanas (DGA).
La producción agrícola del país es muy variada, siendo el arroz y el plátano los productos de mayor consumo. Los artículos de mayor exportación son el café, cacao y el tabaco. El país importa leche, azúcar, carne, trigo, maíz a granel, entre otros. Los ingresos del sector agropecuario durante el año 2002 sumaron USD$25.6 millones, equivalente al 11.2 por ciento del PIB.[2] Las agroindustrias establecidas en el país están exentas de impuestos sobre la renta y otros impuestos. Además pueden importar equipos agrícolas sin pagar aranceles.
La actividad de la construcción continúa con un ritmo acelerado de desarrollo, siendo uno de los sectores de mayor crecimiento en el 2002, con una tasa de 7.1 por ciento. Esto debido al incremento de las inversiones del Estado (53.0 por ciento), influenciado en parte por el uso de los recursos provenientes de la emisión de bonos soberanos en septiembre de 2001 (USD$500 millones).
De
acuerdo al Banco Central de la República al crecimiento de la construcción
“contribuyó el incremento de 23.2 por ciento experimentado por la cartera de
préstamos de las instituciones financieras destinadas a la construcción, que
obedece a la mayor colocación de recursos por parte de los bancos comerciales,
hipotecarias y de desarrollo con un crecimiento de 42.8 por ciento y las
asociaciones de ahorros y préstamos que incrementaron su cartera en 12.6 por
ciento. Como consecuencia del comportamiento de las inversiones, aumentaron
las ventas de los principales insumos de la construcción como el cemento (4.4
por ciento) y varilla (12.4 por ciento), mientras que la pintura disminuyó en
1.5 por ciento”.
El costo de la construcción oscila entre los USD$200 y los USD$300 por metro cuadrado, llegando a los USD$500 en las obras de lujo. El costo del terreno varía entre los USD$30 y los USD$75 el metro cuadrado en las afueras de la ciudad, llegando entre a los USD$300 y USD$750 en áreas residenciales. Los terrenos con particular valor comercial ascienden hasta los USD$1,000 el metro cuadrado. En las zonas turísticas los terrenos de playa varían entre los USD$30 y los USD$300 el metro.[3]
En cuanto a la participación de empresas extranjeras en licitaciones de proyectos de construcción del Estado, la Ley 322-81 dispone que éstas deberán estar afiliadas a una compañía dominicana o constituir una empresa de capital mixto de inversionistas dominicanos y extranjeros. La participación extranjera en el contrato para la construcción de la obra no puede ser mayor a un 50 por ciento, aunque puede aceptarse hasta un 70 por ciento cuando la participación nacional no excede del 30 por ciento. Igualmente, cuando se trate de proyectos complejos se puede solicitar a la agencia gubernamental que corresponda el que se exima a la empresa del cumplimiento de este requisito.
En cuanto a la situación jurídica de las inversiones extranjeras en la República Dominicana, las mismas están regidas por la Ley 16-95. Mediante este estatuto el Estado dominicano procura atraer capital extranjero mediante la liberalización y apertura del mercado nacional. Así pues, la ley eliminó prohibiciones que antes impedían que una empresa extranjera pudiera invertir en sectores tales como empresas de servicios públicos, minería, banca, seguros, transporte, etc. Es decir, la ley sienta el principio de igualdad de tratamiento de las inversiones nacionales y extranjeras, garantizando la misma protección jurídica, sin discriminación alguna.
Para obtener los beneficios de esta ley, el inversionista extranjero deberá registrar la inversión específica en el Banco Central dentro de los 90 días siguientes a la realización de dicha inversión. Este registro se lleva a cabo sólo para fines estadísticos.
Entre los beneficios establecidos, la Ley 16-95 permite al inversionista extranjero comprar a través de los bancos comerciales del país las divisas necesarias para remitir al exterior la totalidad del capital invertido y de los dividendos obtenidos, sin necesidad de autorización previa del Banco Central. No obstante, dentro de los 60 días siguientes a la transacción, es necesario presentar al Banco Central la declaración anual de dividendos certificada por un CPA y la prueba de pago de los impuestos aplicables.
Aunque la Ley 16-95 establece el principio de igualdad de trato entre la inversión nacional y la extranjera, existen excepciones. Así por ejemplo, las empresas de seguros nacionales deben pertenecer por lo menos a un 51 por ciento a accionistas dominicanos. Por otro lado, se prohíbe la inversión extranjera para la disposición de desperdicios tóxicos o radioactivos no generados en el país; actividades que afecten la salud pública y el equilibrio ambiental; producción de equipo y materiales relacionados con la defensa nacional, salvo que exista la aprobación del Presidente de la República.
República Dominicana tiene acuerdos de libre comercio con la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) y con Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala). Durante el 2002, República Dominicana llevó a cabo negociaciones con Estados Unidos para incluir al país en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Las medidas no resultaron exitosas, por lo que el gobierno dominicano intenta establecer negociaciones bilaterales con Estados Unidos. También República Dominicana ha explorado la posibilidad de un tratado comercial con Panamá, además de efectuar acercamientos con Colombia y Chile.
